Abogados de los acusados por la masacre de Curuguaty, que en 2012 provocó la muerte de 17 personas, pedirán una medida cautelar de protección a la Corte Interamericanana de Derechos Humanos.

«El tribunal amenaza a los defensores con quitarnos la matrícula si continuamos con la defensa de los acusados. Es una coacción grave. Nos abrieron un sumario durante el proceso, como forma de amedrentarnos», dijo hoy a Efe el abogado Víctor Azuaga, uno de los defensores.

Azuaga agregó que ya recibieron la autorización para que observadores de la CorteIDH puedan realizar un seguimiento del caso Curuguaty, como había solicitado la defensa al comienzo del proceso.

El juicio contra los acusados fue retomado hoy en Asunción después de que el miércoles se suspendiera la sesión debido a una indisposición del presidente del tribunal, el juez Ramón Trinidad Zelaya.

La defensa presentó cerca de medio centenar de incidentes para argumentar la nulidad del proceso judicial, pero todos ellos fueron rechazados por la Fiscalía, y en la sesión de mañana el tribunal decidirá sobre si los admite o no, explicó Azuaga.

Los abogados también prevén presentar una protesta contra las «traducciones erróneas» de las intérpretes que trasladan el contenido del juicio a los acusados en lengua guaraní, su lengua materna, cooficial en el país junto con el español.

Azuaga agregó que este es el único momento del proceso en que los acusados, que solo se comunican en guaraní y tienen muchas dificultades para expresarse en español, han contado con la asistencia de intérpretes, ya que durante los interrogatorios fueron preguntados en español y se vieron «obligados a firmar declaraciones en esta lengua».

El abogado también se refirió a una ley sancionada de forma automática este lunes por el Poder Ejecutivo que crea una reserva natural en las tierras donde tuvo lugar la masacre en junio de 2012.

«Es un atentado contra el derecho. Supone la intromisión entre los poderes del Estado, y por eso vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad», afirmó.

En paralelo, varios senadores opositores presentaron hoy en la sesión de la Cámara alta un proyecto para derogar esta ley, argumentando que el inmueble donde se pretende crear la reserva es propiedad del Estado paraguayo, por lo que no se puede aceptar una donación del terreno por parte de una empresa privada, como refiere la citada ley.

La finca donde se produjo la masacre de Curuguaty está en litigio entre el Estado paraguayo y la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia de Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

En junio de 2012, cerca de 300 policías acudieron a desalojar de forma violenta a los aproximadamente 70 campesinos que habían ocupado la finca para reclamar que formara parte de la reforma agraria.

Durante el desalojo se produjo un tiroteo que acabó con la vida de once campesinos y seis policías, y provocó una semana después la destitución del entonces presidente Fernando Lugo en un polémico juicio parlamentario.

El juicio a los campesinos acusados de la masacre, iniciado hace cuatro meses, ha sido suspendido casi una veintena de veces, después de que los defensores recusaran al tribunal por su presunta parcialidad en la causa. EFE