Nacionales
Tres años del golpe parlamentario
El 22 de junio de 2012 el presidente Fernando Lugo era destituido por el Congreso luego de un juicio político exprés en que se lo condenaba por “mal desempeño de sus funciones”.

El 22 de junio de 2012 el presidente Fernando Lugo era destituido por el Congreso luego de un juicio político exprés en que se lo condenaba por “mal desempeño de sus funciones”. La masacre de Curuguaty, en la que el 15 de junio de eso año fallecieron 11 campesinos y 6 policías, fue el hecho que detonó el proceso destituyente, aunque el gobierno del exobispo ya venía siendo amenazado desde antes, sobre todo luego de haber impulsado una mensura en el distrito de Ñacunday, departamento de Alto Paraná, en tierras que se encontraban explotadas presuntamente de forma irregular por el terrateniente brasileño Tranquilo Favero.
Tras la destitución, asumió el entonces vicepresidente, el liberal Federico Franco, quien abrió una línea de gobierno que sería profundizado por el actual mandatario, Horacio Cartes, con el creciente endeudamiento a través de los “bonos soberanos” y la acelerada y secretista liberación de eventos transgénicos sin seguir los protocolos establecidos en la ley. Su gestión terminó como una de las más impopulares de la llamada “transición democrática” y golpeada por múltiples escándalos de corrupción.

Si bien la institucionalidad de la República parece haber retornado a su curso –fundamentalmente por la participación de exponentes del gobierno de Lugo en las elecciones del 21 de abril de 2013 en las que resultó ganador el actual presidente–, las secuelas de golpe se siguen manifestando con un gobierno que ha acumulado poderes inconstitucionales y que ha profundizado el patrón represivo contra los grupos organizados, incluyendo a estudiantes secundarios que ahora se encuentran imputados y procesados por “perturbación de la paz pública” a raíz de una manifestación realizada en octubre 2014 pidiendo una entrevista con la ministra de Educación, Marta Lafuente, y en la que pidieron mayor presupuesto para el sector.
Las masacres pasaron a ser instrumentos ideales para justificar políticas arbitrarias. El 17 de agosto de 2013, dos días después de la asunción Cartes, en una estancia en el departamento de San Pedro aparecían muertos cuatro peones y un policía que en su “tiempo libre” trabajaba como guardia armado en un establecimiento ganadero. El ataque fue atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Rápidamente el Ejecutivo presentó un proyecto de modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que lo habilita a recurrir a los militares en cuestiones de seguridad interna sin necesidad de que el Congreso declare el estado de excepción.
Además de los planes de ajustes con recortes en salud y educación en el marco de la “ley de responsabilidad fiscal”, el gobierno hizo aprobar la Ley de Alianza Público-Privada (APP), que permite al poder Ejecutivo concesionar al sector privado de manera unilateral todos los bienes y recursos públicos por plazos de hasta 40 años. No obstante, a raíz de las internas por la presidencia de la Asociación Nacional República (ANR), los colorados que apoyan a Mario Abdo Benítez lograron modificar un artículo de la ley para que los proyectos deban ser aprobados por el Congreso, pero que chocó en la Cámara Diputados con una mayoría oficialista que reemplazó esta modificación por un informe semestral que mantiene las prerrogativas del Ejecutivo en el manejo de los contratos. Como producto de este enfrentamiento, también fue rechazada la Ley de garantías para las inversiones, que contempla congelamientos impositivos por hasta 20 años.
La creciente ola de represión y las políticas económicas tendientes a favorecer al empresariado en detrimento del resto

de la población, trajo también una inédita reorganización del campo sindical y campesino con la realización de la primera huelga general luego de 20 años el 26 de marzo de 2014. Para este agosto, cuando se cumplan dos años de la asunción de Cartes, se tiene agendado otro paro similar convirtiéndose este gobierno en el primero en enfrentar dos medidas de fuerza de esta naturaleza.
Otra línea maestra en las políticas de este periodo son los tarifazos, con un aumento en el precio de los peajes que llega hasta un 300%, además de la suba del pasaje del transporte urbano y el inminente aumento del gas y la electricidad. Estas medidas son denunciadas por organizaciones sociales como una antesala a la privatización, pues para mermar la impopularidad que puedan tener las APP los precios son aumentados de antemano a fin de que estas subas no sean atribuidas a la delegación de los servicios al sector privado.
Por último, las víctimas de la masacre de Curuguaty siguen en su reclamo de justicia, reparación y recuperación de las tierras usurpadas por Campos Morombí. El gobierno, en cambio, sigue haciendo oídos sordos a estas reivindicaciones demostrando con sus actos cuál fue el motivo subyacente de aquel apurado proceso: profundizar el modelo del agronegocio fundamentado en la tenencia ilegal de tierras con un Estado que, renunciando a su rol de garante de derechos, entra a actuar con un implacable poder de fuego ante cualquiera que se interponga.
http://ea.com.py/v2/sigue-invasion-a-territorio-ayoreo/
Nacionales
Conare explica puntos clave del acuerdo de cooperación migratoria con Estados Unidos
El presidente de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare), Carlos Vera, expuso los puntos claves del arribo de 25 personas este jueves y que forman parte del acuerdo de cooperación migratoria suscrito entre Paraguay y los Estados Unidos.
El titular de la Conare explicó el Memorándum de Entendimiento establecido con Estados Unidos que permitirá la llegada del primer grupo compuesto por 25 migrantes provenientes de diferentes países de habla hispana y que se encuentran en territorio estadounidense.
Entre los puntos clave de este memorándum, detalló que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) será la encargada del financiamiento del acuerdo (pago de pasajes y estadía), que permite la llegada de un máximo de 25 personas por mes y con un plazo de permanencia transitoria en Paraguay de entre tres a siete días. De extenderse dicho periodo, seguirá siendo financiado por la OIM.
Uno de los requisitos que contempla el acuerdo es que los migrantes que lleguen al territorio nacional en el marco del mismo, no deberán contar con antecedentes policiales, caso contrario, no podrán acogerse al beneficio del acuerdo.
«El acuerdo establece hasta 25 personas por mes que no han podido cumplir con los procesos migratorios de los Estados Unidos. La presentación de la lista será presentada por el Gobierno de Estados Unidos. Así también, nuestra normativa nos permiten el rechazo si no cumplen con las documentaciones pertinentes» señaló en conversación con los Medios del Estado.
Asimismo, remarcó que aquellas personas que quieran permanecer en Paraguay, deben someterse a los procesos migratorios de nuestro país en casos de solicitudes de refugio, con previo análisis de cada situación por parte de Migraciones.
La OIM en conjunto con Migraciones, tendrá a su cargo el monitoreo del proceso desde la llegada a Paraguay, hasta su arribo a sus respectivos países.
El presidente de la Conare explicó que la confidencialidad sobre la nacionalidad de los migrantes y en donde estarán hospedados, se enmarca dentro de los procesos operativos de la Ley de Refugio.
Nacionales
Gobernadores destacan coordinación para cerrar brechas de agua y saneamiento en Paraguay
El Consejo de Gobernadores del Paraguay tuvo una activa participación en el evento denominado “Agua y Saneamiento para el Desarrollo del Paraguay: Diálogo Estratégico para el Cierre de Brechas”, un espacio de articulación clave que reunió a autoridades nacionales, organismos internacionales y representantes del sector privado con el objetivo de avanzar en soluciones concretas para uno de los principales desafíos estructurales del país.
La jornada fue organizada por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con el respaldo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), consolidándose como una plataforma estratégica para impulsar políticas públicas orientadas a reducir las brechas en el acceso a servicios básicos esenciales.
Los integrantes del Consejo de Gobernadores reafirmaron su compromiso con una agenda de desarrollo que priorice la inversión en infraestructura de agua potable y saneamiento, especialmente en las comunidades más vulnerables del país. En ese sentido, destacaron la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y promover alianzas público-privadas que permitan acelerar la ejecución de proyectos.
El gobernador del departamento del Guairá, César Sosa, valoró la importancia del encuentro, señalando que este tipo de espacios permite alinear esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno y los actores internacionales, con miras a generar un impacto real en la calidad de vida de la población.
El evento tuvo como eje central el fortalecimiento de la cooperación entre el Estado, los organismos multilaterales, el sector privado y los actores locales, bajo la premisa de que la articulación conjunta es clave para garantizar soluciones sostenibles. En esa línea, se remarcó que el acceso universal al agua potable y al saneamiento no solo constituye un derecho fundamental, sino también una condición indispensable para el desarrollo social y económico del Paraguay.
La participación del Consejo de Gobernadores fue considerada fundamental dentro del diálogo estratégico, atendiendo a su rol en la identificación de necesidades territoriales y en la implementación de políticas públicas a nivel local, lo que posiciona a los gobiernos departamentales como actores centrales en el desafío de cerrar las brechas existentes en materia de servicios básicos.
Nacionales
Ofrecen más oportunidades de empleo con 240 vacancias en Central y Alto Paraná
El Ministerio de Trabajo gestiona un total de 240 vacancias laborales en empresas ubicadas en Guarambaré, departamento Central y en Ciudad del Este y Presidente Franco, departamento de Alto Paraná, en los sectores comercial, gastronómico e industrial textil.
La vinculación entre buscadores de empleo y empresas se realizará mediante Las convocatorias laborales previstas para este miércoles 25 y jueves 26 de marzo, en el marco de un trabajo articulado entre la Dirección General de Empleo del MTESS y las firmas participantes.
El Ministerio de Trabajo, conjuntamente con el sector privado, promueve el acceso a empleos formales mediante la intermediación laboral. En este proceso, se destaca el uso de la plataforma EmpleaPy, donde se publican las vacancias y los interesados pueden cargar su currículum y postularse a las oportunidades disponibles.
En Guarambaré, la empresa Comercial Rubencito ofrece 163 vacancias para 15 perfiles, muchos de ellos orientados a jóvenes que buscan su primera experiencia laboral. Entre los puestos disponibles se encuentran repositores, cajeros, supervisores de caja, carniceros, personal de confitería y panadería, empaquetadores, atención al cliente en distintos sectores y recepcionistas de mercaderías, entre otros. Las entrevistas se realizarán este miércoles 25 de marzo, de 08:00 a 12:00 horas, en la sede de la Municipalidad de Guarambaré.
Ese mismo día, en Ciudad del Este, la empresa FOODCO, de la cadena de comidas rápidas Mostaza, convoca a postulantes para cubrir 22 vacancias en los cargos de atención al cliente, cajero y asistente de turno. Las entrevistas tendrán lugar en el local del Shopping El Lago, de 08:00 a 12:00 horas.
Asímismo, el jueves 26 de marzo, en Presidente Franco, la empresa Luan Deportes, de la marca Kyrios, busca incorporar 55 nuevos trabajadores en los puestos de costureros, control de calidad, diseñadores y vendedores. La convocatoria se desarrollará en la sede de la empresa, ubicada sobre la calle San Pedro, en el Área 5, de 08:00 a 12:00 horas.
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