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Tres años del golpe parlamentario

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El 22 de junio de 2012 el presidente Fernando Lugo era destituido por el Congreso luego de un juicio político exprés en que se lo condenaba por “mal desempeño de sus funciones”.

El 22 de junio de 2012 el presidente Fernando Lugo era destituido por el Congreso luego de un juicio político exprés en que se lo condenaba por “mal desempeño de sus funciones”. La masacre de Curuguaty, en la que el 15 de junio de eso año fallecieron 11 campesinos y 6 policías, fue el hecho que detonó el proceso destituyente, aunque el gobierno del exobispo ya venía siendo amenazado desde antes, sobre todo luego de haber impulsado una mensura en el distrito de Ñacunday, departamento de Alto Paraná, en tierras que se encontraban explotadas presuntamente de forma irregular por el terrateniente brasileño Tranquilo Favero.

Tras la destitución, asumió el entonces vicepresidente, el liberal Federico Franco, quien abrió una línea de gobierno que sería profundizado por el actual mandatario, Horacio Cartes, con el creciente endeudamiento a través de los “bonos soberanos” y la acelerada y secretista liberación de eventos transgénicos sin seguir los protocolos establecidos en la ley. Su gestión terminó como una de las más impopulares de la llamada “transición democrática” y golpeada por múltiples escándalos de corrupción.

Si bien la institucionalidad de la República parece haber retornado a su curso –fundamentalmente por la participación de exponentes del gobierno de Lugo en las elecciones del 21 de abril de 2013 en las que resultó ganador el actual presidente–, las secuelas de golpe se siguen manifestando con un gobierno que ha acumulado poderes inconstitucionales y que ha profundizado el patrón represivo contra los grupos organizados, incluyendo a estudiantes secundarios que ahora se encuentran imputados y procesados por “perturbación de la paz pública” a raíz de una manifestación realizada en octubre 2014 pidiendo una entrevista con la ministra de Educación, Marta Lafuente, y en la que pidieron mayor presupuesto para el sector.

Las masacres pasaron a ser instrumentos ideales para justificar políticas arbitrarias. El 17 de agosto de 2013, dos días después de la asunción Cartes, en una estancia en el departamento de San Pedro aparecían muertos cuatro peones y un policía que en su “tiempo libre” trabajaba como guardia armado en un establecimiento ganadero. El ataque fue atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Rápidamente el Ejecutivo presentó un proyecto de modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que lo habilita a recurrir a los militares en cuestiones de seguridad interna sin necesidad de que el Congreso declare el estado de excepción.

Además de los planes de ajustes con recortes en salud y educación en el marco de la “ley de responsabilidad fiscal”, el gobierno hizo aprobar la Ley de Alianza Público-Privada (APP), que permite al poder Ejecutivo concesionar al sector privado de manera unilateral todos los bienes y recursos públicos por plazos de hasta 40 años. No obstante, a raíz de las internas por la presidencia de la Asociación Nacional República (ANR), los colorados que apoyan a Mario Abdo Benítez lograron modificar un artículo de la ley para que los proyectos deban ser aprobados por el Congreso, pero que chocó en la Cámara Diputados con una mayoría oficialista que reemplazó esta modificación por un informe semestral que mantiene las prerrogativas del Ejecutivo en el manejo de los contratos. Como producto de este enfrentamiento, también fue rechazada la Ley de garantías para las inversiones, que contempla congelamientos impositivos por hasta 20 años.

La creciente ola de represión y las políticas económicas tendientes a favorecer al empresariado en detrimento del resto 

de la población, trajo también una inédita reorganización del campo sindical y campesino con la realización de la primera huelga general luego de 20 años el 26 de marzo de 2014. Para este agosto, cuando se cumplan dos años de la asunción de Cartes, se tiene agendado otro paro similar convirtiéndose este gobierno en el primero en enfrentar dos medidas de fuerza de esta naturaleza.

Otra línea maestra en las políticas de este periodo son los tarifazos, con un aumento en el precio de los peajes que llega hasta un 300%, además de la suba del pasaje del transporte urbano y el inminente aumento del gas y la electricidad. Estas medidas son denunciadas por organizaciones sociales como una antesala a la privatización, pues para mermar la impopularidad que puedan tener las APP los precios son aumentados de antemano a fin de que estas subas no sean atribuidas a la delegación de los servicios al sector privado.

 

Por último, las víctimas de la masacre de Curuguaty siguen en su reclamo de justicia, reparación y recuperación de las tierras usurpadas por Campos Morombí. El gobierno, en cambio, sigue haciendo oídos sordos a estas reivindicaciones demostrando con sus actos cuál fue el motivo subyacente de aquel apurado proceso: profundizar el modelo del agronegocio fundamentado en la tenencia ilegal de tierras con un Estado que, renunciando a su rol de garante de derechos, entra a actuar con un implacable poder de fuego ante cualquiera que se interponga.

http://ea.com.py/v2/sigue-invasion-a-territorio-ayoreo/

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Más de 120 evacuaciones aeromédicas salvaron vidas durante el 2025

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En un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Defensa Nacional, la Fuerza Aérea Paraguaya, el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) y las diferentes Regiones Sanitarias, durante el 2025 se realizaron un total de 127 traslados aeromédicos.

Estas evacuaciones reflejan el compromiso del Gobierno del Paraguay con una atención rápida, equitativa y de calidad para los compatriotas que se encuentran en zonas de difícil acceso.

Mediante estas 127 intervenciones aéreas pacientes recibieron atención médica adecuada, posibilitando su derivación a establecimientos de salud especializados o de referencia para un tratamiento.

Las evacuaciones se distribuyen de la siguiente manera: ocho del departamento de Boquerón, 28 pacientes del departamento de Presidente Hayes, y 49 vidas salvadas del Alto Paraguay. Asimismo, se realizaron 38 traslados de la región Oriental a centros especializados y cuatro acompañamientos aeromédicos en el marco de cooperaciones internacionales.

Entre las causas más comunes de evacuación figuran accidentes cerebrovasculares (ACV), politraumatismos, cuadros cardíacos y ginecológicos. En el caso de los recién nacidos, predominan los cuadros de distrés respiratorio, sepsis y prematurez, entre otros.

Estas operaciones fueron posibles gracias al convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y el compromiso de los profesionales de la salud en los servicios, quienes son los encargados de gestionar a través de la Línea 141 del SEME, las evaluaciones del traslado, y posteriormente el Médico Regulador de la Fuerza Aérea verifica las condiciones climáticas, la distancia y pista para llevar adelante el operativo.

De esta manera, el Gobierno del Paraguay cumple su rol de acercar la salud a la población, priorizando una atención integral de pacientes en condiciones críticas.

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Pavimentación de la ruta PY21 beneficiará a más de 150.000 habitantes

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En el departamento de Alto Paraná avanza la construcción de la ruta que conecta la supercarretera Itaipú (PY07) con Puerto Indio, en el distrito de Mbaracayú. La obra busca fortalecer la conectividad y acompañar el desarrollo productivo de una zona estratégica del país.

En el Lote 1, los trabajos de pavimentación alcanzan 26 de los 27 kilómetros previstos. Actualmente se ejecutan intervenciones complementarias como cordones, cunetas revestidas y alcantarillas para accesos laterales, además del pavimento de hormigón en la dársena de pesaje. En paralelo, se realizan tareas de hidrosiembra y cobertura vegetal en áreas de protección ambiental, integrando la infraestructura vial con el cuidado del entorno.

Este tramo, que se aproxima al 80% de progreso, se inicia en el empalme del cruce Itakyry y se extiende del km 0 al km 27, formando parte del trazado total de 60,3 kilómetros, que se completa con el Lote 2 hasta Puerto Indio.

Conectividad para el desarrollo regional

La nueva vía cumple un rol clave en la integración territorial de una región de intensa actividad económica. Cada progreso consolida un corredor más seguro y eficiente, preparado para acompañar el crecimiento productivo y social del norte de Alto Paraná.

La pavimentación de la ruta PY21 beneficiará a más de 150.000 habitantes, principalmente del distrito de Mbaracayú, al mejorar la circulación, la logística y la movilidad regional.

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Hambre Cero en un motor de asistencia escolar

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El programa Hambre Cero comienza a mostrar resultados concretos en uno de los desafíos históricos del sistema educativo paraguayo: el ausentismo escolar en zonas vulnerables y rurales. Así lo afirmó el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, al revelar que en alrededor de 22 distritos del país la asistencia de los alumnos aumentó de manera sostenida desde la implementación del programa.

Según los datos oficiales, la presencia en aulas pasó del 56% al 98%, un salto significativo que refleja cómo la alimentación escolar incide directamente en la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

“Casi no se falta a la escuela donde hay Hambre Cero”, subrayó el ministro Ramírez, al describir el impacto del programa en comunidades donde, históricamente, la pobreza, la distancia y la inseguridad alimentaria condicionaban la asistencia diaria.

Un incentivo concreto

En muchas zonas rurales del Paraguay así como en sectores urbanos donde viven familias de escasos recursos, la escuela no solo cumple un rol educativo, sino también social y nutricional. Para miles de familias, la garantía de que sus hijos recibirán una comida diaria completa en la institución educativa se convierte en un factor decisivo para enviarlos a clases.

Hambre Cero actúa, en ese sentido, como un incentivo estructural: reduce la deserción, fortalece la rutina escolar y mejora las condiciones mínimas para el aprendizaje.
Más presencia, más oportunidades

El aumento de la asistencia no solo impacta en las estadísticas, sino también en el proceso pedagógico. Menos ausencias significan:

mayor continuidad en los contenidos, mejor rendimiento académico, mayor vínculo entre alumnos, docentes y comunidad, y una reducción del riesgo de abandono escolar temprano.

Desde el Ministerio de Educación destacan que estos resultados confirman una premisa clave: no puede haber calidad educativa sin condiciones básicas garantizadas.
Un modelo que comienza a consolidarse

Aunque el programa todavía enfrenta desafíos logísticos y de cobertura, los datos presentados por el ministro Ramírez posicionan a Hambre Cero como una política pública efectiva, especialmente en territorios donde el Estado históricamente tuvo menor presencia.

El caso de los 22 distritos con asistencia cercana al 100% abre la puerta a una evaluación más amplia del programa y a su eventual fortalecimiento como herramienta clave para combatir, al mismo tiempo, el hambre y la exclusión educativa.

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