A tres años de la masacre de Curuguaty y el inicio del juicio oral contra los campesinos acusados, la defensa sigue denunciando las irregularidades del proceso acusando a la fiscalía de accionar de manera criminal.

Con motivo de los tres años de la masacre de Curuguaty, que se cumplen este 15 de junio, y el inicio del juicio oral a los campesinos acusados marcado para el próximo 22 de junio, el programa de la Revista Acción, emitido por la radio Fe y Alegría, conversó con el abogado Guillermo Ferreiro sobre la investigación fiscal abierta contra los labriegos.

Ferreiro señaló que el Ministerio Público no puede demostrar absolutamente nada y que no sabe lo que pasó en la tragedia en la que fallecieron 11 campesinos y 6 policías. En este sentido expresó que la fiscalía no puede demostrar qué ha hecho cada uno de los procesados, por eso apela a acusaciones genéricas como el de homicidio doloso en grado de tentativa e incurre en la abierta manipulación de las presuntas pruebas.

Acusó al fiscal Jalil Rachid de modificar e introducir irregularmente supuestos elementos probatorios para condenar a los campesinos en una actuación que ha sido avalada por la jueza Yanine Ríos, quien pasó por alto todas las irregularidades y derivó el caso a juicio oral.

Ferreiro dijo que Rachid acciona de manera criminal al omitir la existencia de pruebas importantes como la filmación del helicóptero que sobrevolaba el lugar en el momento del tiroteo. Afirmó que esta filmación fue destruida o hecha desaparecer por orden de la propia fiscalía, pues en principio el comisario Roque Fleitas había dicho a una radio que había “mucho material”. Así también mencionó esos casquillos cuya existencia en principio fue negada por Rachid, pero que después tuvo que admitir tras difundirse el video en que se lo observa recibiendo una bolsa con las vainillas servidas de mano del exdiputado colorado Julio Colmán.

Otro punto mencionado es el referente a que los peritos de la propia fiscalía determinaron que de las cuatro escopetas mariscadoras y aires comprimidos incautados en el lugar, solo una fue disparada y otra estaba rota. Para sortear el absurdo de que más de 300 policías hayan sido emboscados por 60 campesinos con estas obsoletas armas de caza, la fiscalía ha introducido irregularmente una escopeta que fue denunciada como robados días después de la masacre y encontrada en el patio de una iglesia. Ferreiro explicó que esta evidencia fue presentada solo como “M 17” y que la defensa nunca supo de qué se trataba sino hasta después de que hayan vencido los plazos para ofrecer testigos. De esta forma la defensa no pudo presentar su descargo respecto a este elemento llamando al propietario denunciante a declarar a fin de confirmar o descartar que el arma haya sido utilizada en la masacre.

Ante esta suma de irregularidades, Ferreiro describió el funcionamiento del sistema judicial como uno en que hay fiscales cometiendo delitos para meter presos a inocentes y mantener un esquema criminal de extorsión, secuestro y chantaje, avalados por los jueces y la propia Corte Suprema de Justicia. Por objetar las actuaciones irregulares contra sus defendidos los abogados incluso fueron sometidos a un sumario en que podrían ser suspendidos o sus matrículas canceladas. “La fiscalía es una organización criminal institucionalizada para cometer delitos”, remató.

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