La Corte Suprema de Justicia informó que rechaza un recurso presentado por una empresa ganadera que pretendía paralizar la aplicación de una ley de expropiación.

La ley establece la expropiación de 14.404 hectáreas de tierras a favor de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, del pueblo énxet.

La resolución de la Corte Suprema, con fecha del martes, da por válida la ley aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente paraguayo, Horacio Cartes, el año pasado.

«Es un paso realmente importante», dijo a Efe el abogado Óscar Ayala, de la ONG Tierraviva que defiende en los tribunales a la comunidad oriunda del Chaco paraguayo, donde a la vera de una carretera han pasado 23 años esperando que el Estado les devuelva las tierras que un empresario ganadero les había arrebatado.

Se trata de la mayor expropiación de tierras a favor de una comunidad indígena realizada en Paraguay en democracia y busca dar cumplimiento a una sentencia de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), según Tierraviva.

«Ahora toca avanzar en la formalización del título comunitario y que los empleados de la estancia se retiren del territorio de Sawhoyamaxa», dijo Ayala. Los Sawhoyamaxa presentaron una denuncia contra administradores y empleados de las compañías Roswell Company y Kansol S.A, propiedad del empresario alemán Heribert Roedel, que poseían la titularidad de los terrenos hasta el pasado junio porque a pesar de todo continúan usando sus tierras para el pasto de ganado.

«La presencia de personal de la estancia en esas tierras debiera ya ser ilegal. Esperemos que empiecen a retirarse voluntariamente», declaró el abogado.

La comunidad espera ahora que el Estado paraguayo de cumplimiento al resto de la sentencia de la Corte Interamericana que ordena que se les entregue un fondo de desarrollo de un millón de dólares para proyectos de servicios públicos como educación y salud, a los que nunca han tenido acceso.

En 2006, una sentencia de la CorteIDH reconoció que la comunidad Sawhoyamaxa fue expulsada de su territorio ancestral por Roedel sin que el Estado lo impidiera.

La sentencia ordenó al Estado paraguayo, además de la restitución del territorio, el pago del fondo en concepto de indemnización por los daños inmateriales provocados por la privación de sus tierras durante más de dos décadas. EFE