De acuerdo a nuestra fuente, el clan Núñez estaría operando fuertemente para que el nuevo gobernador de Presidente Hayes sea una persona leal a su línea política e intereses.

Si bien aún no existe un dictamen jurídico del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) respecto procedimiento a ser aplicado para la designación del nuevo jefe departamental, el grupo liderado por  Basilio Núñez (Bachi), asesor político del presidente Cartes, estaría influyendo para que un “amigo” dirija la Gobernación.

Concejales departamentales afines al fallecido Gobernador Pablo Contessi (Chiqui), temen que la intromisión de clan tuerza la voluntad de sus colegas a la hora de apoyar la nominación de un integrante del organismo para ocupar la vacancia dejada por el finado.

El objetivo de los ediles independientes y algunos colorados es nominar a  Antonio Saldívar para ocupar el máximo cargo de la institución.

Saldívar fue hombre de confianza de Contessi y cuenta con el respaldo político de autoridades municipales del departamento, de las comunidades indígenas, de referentes de la Iglesia Católica y la población en general.

Sin embargo, los Núñez no estarían de acuerdo con su candidatura, por lo que harían lo necesario para que otra persona sea designada Gobernador.

Pablo Contessi, había derrocado al clan Núñez en el Departamento de Presidente Hayes. Logró la gobernación gracias a una alianza de partidos fraternos, con la que hizo frente a la ANR logrando una aplastante victoria.

En las últimas Elecciones Municipales recuperó la intendencia de Villa Hayes y otros distritos del poder de Partido Colorado  manejado localmente por el citado grupo familiar.

La herencia nefasta de los Núñez

Oscar  Núñez (Ñoño), hermano de Basilio (Bachi), fue Gobernador en el periodo anterior. Durante su administración se produjeron numerosos hechos de corrupción que hoy están siendo investigados por la justicia.

Oscar fue imputado por el  supuesto desvío de G. 1.000 millones que debían ser destinados a familias de escasos recursos. Está siendo procesado por lesión de confianza, producción de documentos falsos y uso de documentos públicos falsos.

El  actual diputado colorado también es vinculado al desvío de G. 1.500 millones que habían sido destinados al programa «Una computadora por niño», proyecto que nunca se hizo realidad.

Fuente: 970 AM