Fitch Ratings anunció la mejora de la perspectiva de la calificación soberana de Paraguay, que pasa de estable a positiva, manteniendo la calificación en BB+, a un peldaño del grado de inversión. Esta decisión refleja el sólido desempeño económico del país, los avances en la consolidación fiscal, la reducción gradual del endeudamiento público y el avance de una agenda de reformas estructurales.

El presidente de la República, Santiago Peña, destacó el crecimiento económico de Paraguay, destacando en su cuenta de red social X, la estabilidad y compromiso con las reformas. “¡Paraguay sigue demostrando su fortaleza! Una calificadora más que reconoce que vamos por el camino correcto. Cada paso que damos reafirma la confianza en un Paraguay que va hacia adelante”, señala en la red social.
Según el reporte de la calificadora, la revisión al alza responde al robusto crecimiento económico, junto con bajos déficits fiscales, un endeudamiento moderado en comparación con economías de calificación similar y las favorables perspectivas derivadas de una importante cartera de inversiones privadas. Fitch destacó, además, los aumentos estructurales en la base tributaria, la disminución progresiva de la deuda en moneda extranjera y la continuidad de políticas macroeconómicas prudentes.

En materia fiscal, Fitch espera que el país continúe avanzando en su plan de consolidación, con un déficit de 1,9 % del PIB en 2025 y el cumplimiento del límite fiscal de 1,5 % del PIB en 2026, conforme a la regla fiscal vigente. La agencia resaltó los esfuerzos del Gobierno para contener el gasto, aumentar los ingresos y mejorar la eficiencia del uso de los recursos públicos. La calificadora igualmente proyecta que la deuda pública, que habría alcanzado su punto máximo en 2024, se reduzca gradualmente a futuro, en línea con una política fiscal responsable.
EMISIÓN DE BONOS EN GUARANÍES
Fitch destacó la emisión de bonos en guaraníes en los mercados internacionales y la creciente participación de inversionistas no residentes en el mercado local, como reflejo del fortalecimiento del mercado de capitales paraguayo. La calificadora subrayó también la activa agenda de reformas del Gobierno, orientada a modernizar el Estado, mejorar el clima de negocios y fomentar la inversión y la productividad. Entre las iniciativas recientes destacan los incentivos tributarios para atraer inversión extranjera, la extensión del régimen de maquila a servicios, y las medidas para promover la producción y ensamblaje de equipos electrónicos.
La agencia prevé que Paraguay registre un crecimiento del producto interno bruto del 4,8 % en 2025, dinamismo impulsado por los sectores de servicios, manufactura y construcción, reflejando una creciente diversificación de la economía. Fitch también señaló que los grandes proyectos de inversión, como la planta de celulosa Paracel y la planta de fertilizantes ATOME, fortalecerán las perspectivas de crecimiento en el mediano plazo. Remarcó la fortaleza de las reservas internacionales, que cubren 5,8 meses de importaciones, y el mantenimiento de una inflación estable, en torno al objetivo del Banco Central del Paraguay. Estos factores, junto con la credibilidad institucional y el manejo prudente de la política monetaria bajo el régimen de metas de inflación, continúan respaldando la estabilidad macroeconómica del país.
Cabe recordar que, en julio 2024 la agencia calificadora Moody’s otorgó el grado de inversión a Paraguay y, en enero de 2025, la calificadora S&P mejoró la perspectiva de calificación de riesgo de estable a positiva, a un peldaño del grado de inversión. Así, Paraguay sigue consolidando su posición como una de las economías más sólidas y estables de la región.

La Primera Dama de la Nación, Leticia Ocampos, emitió un comunicado en el que reafirma la firmeza de su compromiso con los ejes de trabajo social que viene impulsando, al tiempo de denunciar que atraviesa un momento de profundo dolor por los ataques y manipulaciones que afectan su nombre, su integridad y su intimidad.

Un compromiso inquebrantable

“Como Primera Dama, mi compromiso con mis ejes de trabajo sigue firme e inquebrantable”, señaló Ocampos. Recordó que su accionar siempre se guió por el respeto, el buen trato y la vocación de tender la mano a quienes se encuentran a su alrededor, especialmente a las personas de confianza, a quienes procuró no solo oportunidades de crecimiento, sino también afecto y acompañamiento.

La traición y los intereses ajenos

En el comunicado, Ocampos lamentó la quiebra de la confianza depositada en su entorno cercano. “Cuando esa confianza se quiebra —y a ello se le suman grandes intereses de otros que buscan desprestigiar para su beneficio propio— invaden el dolor, la tristeza y la decepción”, expresó con firmeza.

Una mirada puesta en la fe

Finalmente, la Primera Dama afirmó que su fortaleza está en Dios y en el tiempo, confiando en que ambos pondrán todo en su lugar. “Solo me resta confiar en Dios y en el tiempo, que pone todo y a todos en su lugar”, concluyó.

Intereses financieros en juego

En el trasfondo del hostigamiento, distintos sectores políticos señalan la frustrada fusión entre el Banco Atlas —propiedad de la familia Zucolillo— y otra entidad bancaria, que hubiera representado a los dueños de ABC Color ganancias diarias de hasta 250.000 dólares. El freno a esa operación habría desatado la ofensiva actual del medio contra el Gobierno, usando a la Primera Dama como blanco de desgaste.

Abogado de Santiago Peña advierte inconsistencias y rechaza acusacione

El abogado Ricardo Preda, representante legal del presidente Santiago Peña, brindó una conferencia de prensa en la que cuestionó la validez de la denuncia penal presentada por legisladores de la oposición. Sostuvo que las afirmaciones carecen de sustento jurídico, se basan en suposiciones y no reúnen los elementos necesarios para abrir un proceso penal.

“De la lectura de la denuncia advierto que tiene inconsistencias”, afirmó, explicando que el punto referido al incremento patrimonial corresponde a un periodo en el que el jefe de Estado no ejercía función pública. Enfatizó que el crecimiento de patrimonio en la actividad privada no tiene relevancia penal y que la sola conjunción de hechos aislados no permite inferir delito alguno.

Argumentos sobre los principales puntos de la denuncia

La denuncia presentada por la oposición incluye acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, abuso de poder y manejo irregular de recursos públicos. Preda abordó cada una de ellas, remarcando que se trata de conjeturas sin evidencia concreta.

Sobre la supuesta vinculación con lavado de dinero, explicó que el mandatario tuvo una participación minoritaria —inferior al 2 %— en una sociedad que, en 2020, adquirió otra empresa. Años más tarde, en 2024, un directivo de esa firma fue imputado por lavado de activos, pero por hechos posteriores y desvinculados totalmente al mismo.

“No tiene lógica sostener que una inversión minoritaria lo convierte automáticamente en partícipe de un hecho ajeno a él y posterior”, subrayó, aclarando además que nunca existió un negocio directo entre el Presidente y la persona imputada.

Respecto al tráfico de influencias, indicó que el Presidente tuvo acciones en Ueno Holding, que integra el Grupo Vázquez, pero ya no las posee. Recalcó que, aun cuando algunas de sus empresas hayan participado en licitaciones, en ninguna parte de la denuncia se menciona irregularidad alguna ni intervención de Peña. “Se habla de supuestas influencias, pero no se aporta un solo hecho concreto”, dijo.

En cuanto al vehículo Land Cruiser mencionado, el abogado fue categórico: la información es falsa. Recordó que en diciembre de 2022, momento al que hace referencia la denuncia, el Presidente Peña no era candidato electo y la empresa señalada no figuraba como proveedora del Estado. También explicó que las adjudicaciones en Itaipú Binacional no dependen del Presidente, sino de un consejo binacional con representantes de Paraguay y Brasil.

Bienes, propiedades y supuestos sobres con dinero

El abogado también respondió a las menciones sobre bienes atribuidos al mandatario y a la Primera Dama. Aclaró que esta última no es funcionaria pública, por lo que no está obligada a presentar declaración de bienes. Subrayó que gran parte del patrimonio del Presidente se conformó antes de llegar a la función pública.

Sobre la casa en San Bernardino, específicamente mencionada en la denuncia, explicó que la misma fue construida con un crédito bancario respaldado por rescate de acciones de una inversión. “Es un procedimiento financiero absolutamente regular”, enfatizó.

Consultado sobre la emisión de facturas a nombre de terceros, aclaró que la normativa permite que el comprador elija a nombre de quién se realice la factura, lo cual no representa irregularidad alguna.

Preda también se refirió a los audios divulgados por una exfuncionaria de confianza, en los que se habla de sobres con dinero. En ese sentido, indicó que esa persona fue apartada por pérdida de confianza, que el manejo en efectivo no constituye delito por sí mismo y que la supuesta desaparición de un sobre “no es cierta”. “Tener dinero en efectivo no significa que se trate de coima”, aclaró, y añadió que para formular denuncias se requiere certeza de hechos, no afirmaciones inconsistentes.

Estado de derecho y sometimiento a investigación

En la parte final de su exposición, Preda hizo hincapié en los principios constitucionales que rigen en el país. Cuestionó las afirmaciones del abogado patrocinante de la denuncia, quien sugirió que en el caso de funcionarios públicos la carga de la prueba se invierte. “Eso no es así. La Constitución no cambió. No existe tal inversión de la carga de la prueba”, afirmó.

Advirtió que en un Estado de derecho no pueden abrirse investigaciones penales sobre la base de suposiciones, ya que eso convertiría al sistema en un mecanismo de persecución. “Si fuera así, cualquiera podría denunciar a alguien solo porque no le cae bien, alegando que tiene dinero y debe ser investigado. Eso es un camino muy peligroso”, advirtió.

Finalmente, garantizó la disposición del Presidente a someterse a cualquier investigación que el Ministerio Público considere pertinente: “Se someterá a la investigación que se abra y presentará los documentos que den trazabilidad de sus ingresos”. Sin embargo, aclaró que dichos documentos se entregarán en el marco de un proceso formal y no como respuesta a rumores o versiones sin sustento.

“El Presidente no está procesado penalmente, ni siquiera imputado. Una denuncia en sí misma no equivale a procesamiento. Será la Fiscalía la que determine si corresponde abrir una investigación y, en ese caso, el equipo jurídico actuará en ese marco”, puntualizó.