Abogado de Santiago Peña advierte inconsistencias y rechaza acusacione

El abogado Ricardo Preda, representante legal del presidente Santiago Peña, brindó una conferencia de prensa en la que cuestionó la validez de la denuncia penal presentada por legisladores de la oposición. Sostuvo que las afirmaciones carecen de sustento jurídico, se basan en suposiciones y no reúnen los elementos necesarios para abrir un proceso penal.

“De la lectura de la denuncia advierto que tiene inconsistencias”, afirmó, explicando que el punto referido al incremento patrimonial corresponde a un periodo en el que el jefe de Estado no ejercía función pública. Enfatizó que el crecimiento de patrimonio en la actividad privada no tiene relevancia penal y que la sola conjunción de hechos aislados no permite inferir delito alguno.

Argumentos sobre los principales puntos de la denuncia

La denuncia presentada por la oposición incluye acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, abuso de poder y manejo irregular de recursos públicos. Preda abordó cada una de ellas, remarcando que se trata de conjeturas sin evidencia concreta.

Sobre la supuesta vinculación con lavado de dinero, explicó que el mandatario tuvo una participación minoritaria —inferior al 2 %— en una sociedad que, en 2020, adquirió otra empresa. Años más tarde, en 2024, un directivo de esa firma fue imputado por lavado de activos, pero por hechos posteriores y desvinculados totalmente al mismo.

“No tiene lógica sostener que una inversión minoritaria lo convierte automáticamente en partícipe de un hecho ajeno a él y posterior”, subrayó, aclarando además que nunca existió un negocio directo entre el Presidente y la persona imputada.

Respecto al tráfico de influencias, indicó que el Presidente tuvo acciones en Ueno Holding, que integra el Grupo Vázquez, pero ya no las posee. Recalcó que, aun cuando algunas de sus empresas hayan participado en licitaciones, en ninguna parte de la denuncia se menciona irregularidad alguna ni intervención de Peña. “Se habla de supuestas influencias, pero no se aporta un solo hecho concreto”, dijo.

En cuanto al vehículo Land Cruiser mencionado, el abogado fue categórico: la información es falsa. Recordó que en diciembre de 2022, momento al que hace referencia la denuncia, el Presidente Peña no era candidato electo y la empresa señalada no figuraba como proveedora del Estado. También explicó que las adjudicaciones en Itaipú Binacional no dependen del Presidente, sino de un consejo binacional con representantes de Paraguay y Brasil.

Bienes, propiedades y supuestos sobres con dinero

El abogado también respondió a las menciones sobre bienes atribuidos al mandatario y a la Primera Dama. Aclaró que esta última no es funcionaria pública, por lo que no está obligada a presentar declaración de bienes. Subrayó que gran parte del patrimonio del Presidente se conformó antes de llegar a la función pública.

Sobre la casa en San Bernardino, específicamente mencionada en la denuncia, explicó que la misma fue construida con un crédito bancario respaldado por rescate de acciones de una inversión. “Es un procedimiento financiero absolutamente regular”, enfatizó.

Consultado sobre la emisión de facturas a nombre de terceros, aclaró que la normativa permite que el comprador elija a nombre de quién se realice la factura, lo cual no representa irregularidad alguna.

Preda también se refirió a los audios divulgados por una exfuncionaria de confianza, en los que se habla de sobres con dinero. En ese sentido, indicó que esa persona fue apartada por pérdida de confianza, que el manejo en efectivo no constituye delito por sí mismo y que la supuesta desaparición de un sobre “no es cierta”. “Tener dinero en efectivo no significa que se trate de coima”, aclaró, y añadió que para formular denuncias se requiere certeza de hechos, no afirmaciones inconsistentes.

Estado de derecho y sometimiento a investigación

En la parte final de su exposición, Preda hizo hincapié en los principios constitucionales que rigen en el país. Cuestionó las afirmaciones del abogado patrocinante de la denuncia, quien sugirió que en el caso de funcionarios públicos la carga de la prueba se invierte. “Eso no es así. La Constitución no cambió. No existe tal inversión de la carga de la prueba”, afirmó.

Advirtió que en un Estado de derecho no pueden abrirse investigaciones penales sobre la base de suposiciones, ya que eso convertiría al sistema en un mecanismo de persecución. “Si fuera así, cualquiera podría denunciar a alguien solo porque no le cae bien, alegando que tiene dinero y debe ser investigado. Eso es un camino muy peligroso”, advirtió.

Finalmente, garantizó la disposición del Presidente a someterse a cualquier investigación que el Ministerio Público considere pertinente: “Se someterá a la investigación que se abra y presentará los documentos que den trazabilidad de sus ingresos”. Sin embargo, aclaró que dichos documentos se entregarán en el marco de un proceso formal y no como respuesta a rumores o versiones sin sustento.

“El Presidente no está procesado penalmente, ni siquiera imputado. Una denuncia en sí misma no equivale a procesamiento. Será la Fiscalía la que determine si corresponde abrir una investigación y, en ese caso, el equipo jurídico actuará en ese marco”, puntualizó.