Nacionales
A 3 años de matanza, juicio se iniciará y aún no definen titularidad de tierras

El 22 de junio próximo 13 campesinos enfrentarán un juicio oral por el caso Curuguaty. La mayoría de ellos se exponen a una pena de hasta 25 años de cárcel. Justicia aún no resolvió de quién es la propiedad.
El próximo lunes se cumplen tres años del día en que 11 campesinos y 6 policías murieron en un desalojo en las tierras conocidas como Marina Cué, en Curuguaty. El juicio oral y público a 13 acusados se iniciará el 22 de junio, mientras que se sigue alargando el proceso civil para definir a quién pertenece la propiedad donde se produjo aquella matanza.
Por un lado, la Fiscalía sostiene que un grupo de policías fueron emboscados por los ocupantes de la tierra. La acusación se basa en los testimonios de los agentes que participaron del operativo aquel 15 de junio del 2012.
En contrapartida, la defensa denuncia varias irregularidades en la causa, entre otras el hecho de que el fiscal del caso, Jalil Rachid, decidió solamente investigar la muerte de los policías y no la de los labriegos. Los abogados defensores sostienen que los ocupantes no eran más de 50, mientras que la Policía tenía a más de 300 efectivos en el lugar.
La Fiscalía acusó a 10 campesinos por los delitos de asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio en grado de tentativa. Dos fueron acusados por invasión de inmueble y otro campesino por frustración de la persecución y ejecución penal.
EL TÍTULO. Paralelamente al proceso penal se desarrolla un litigio en el ámbito civil por la titularidad de Marina Cué entre la empresa Campos Morombí y el Estado. Para la defensa, saber a quién pertenece la propiedad es clave ya que esto podría anular la acusación por el delito de invasión de inmueble, ajeno si se confirma que las tierras pertenecen al Estado.
Por su parte, el fiscal Rachid afirma que los ocupantes no eran titulares del inmueble y no tenían autorización alguna para estar ahí.
Dante Leguizamón, abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), explicó que el caso civil está en la Corte desde hace más de un año, debido a un pedido de regulación de honorarios formulado por abogados del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
En mayo del año pasado, la Sala Constitucional se ratificó a favor del Estado en el proceso por las tierras. De esta forma, el juzgado debe resolver la acción autónoma de nulidad planteada por el Indert para anular el juicio en el que Campos Morombí ganó las tierras por usucapión. Desde mayo, el expediente no bajó de la máxima instancia judicial por el pedido de regulación, por lo que el proceso no puede continuar en primera instancia.
SUMARIADOS. Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, abogado de 11 de los 13 campesinos acusados, se encuentran sumariados actualmente por supuestas acciones dilatorias en el proceso. Ambos profesionales aseguran que el sumario se basa en hechos falsos e incluso denunciaron a los auditores de la Corte que dictaminaron a favor del sumario.
http://www.ultimahora.com/a-3-anos-matanza-juicio-se-iniciara-y-aun-no-definen-titularidad-tierras-n904631.html
Nacionales
Despliegue militar en la región Oriental: lo que indica el decreto firmado por Peña y la Ley de Defensa Nacional
El Presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 5554, el cual dispone el despliegue de elementos de combate de las Fuerzas Armadas para operaciones de defensa interna en la Región Oriental del país.
El documento dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en Operaciones de Defensa Interna en el ambito territorial definido de la Region Oriental, incluyendo los rios nacionales, fronterizos e internos.
Así también ordena que todos los Organismos y Entidades del Estado de los departamentos de la Region Oriental, dependientes del Poder Ejecutivo, apoyen sin restricciones y colaboren con cl Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).
El decreto argumenta que, segun informes relevantes de inteligencia, asi como hechos que son de conocimiento de los organismos de seguridad, se ha constatado la presencia de miembros de agrupaciones ilegales en diversas zonas y departamentos de la Region Oriental, vinculadas al crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos.
Estas agrupaciones ilegales estarían aprovechando precisamente de que en determinadas zonas de la Region Oriental actualmente no existe la presencia de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policia Nacional, para de esta manera hacer incursiones en las mismas o efectuar sus operaciones ilegales en dichas zonas, advierte el decreto.
Decreto se sustenta en la Ley de Defensa Nacional
El objetivo de esta medida es garantizar la seguridad interna, prevenir la actuacion de grupos vinculados al crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos, dentro del marco legal establecido en la Ley N° 1337/1999, “De Defensa Nacional y Seguridad Interna” y su modificación por Ley N° 5036/2013.
En su artículo 56, esta ley autoriza al presidente de la República a decidir el empleo transitorio de elementos de combate de las Furezas Armadas de la Nación, «frente a situaciones de extrema gravedad en que el sistema de seguridad interna resulte manifiestamente insuficiente».
La referida ley indica que en estas circunstancias, el presidente de la República tendrá la conducción de todas las fuerzas militares y policiales afectadas, y podrá designar un comandante de las operaciones de esas fuerzas, en cuyo caso estas le quedarán subordinadas exclusivamente en el ámbito territorial y por el tiempo definido en el decreto respectivo.
Así también, la ley señala que dentro de las 48 horas el Presidente de la República dará cuenta al Congreso Nacional de su decisión de emplear transitoriamente elementos decombate de las Fuerzas Armadas de la Nación, con adjunción de copia autenticada del decreto respectivo, pudiendo el Congreso decidir la cesación de ésa intervención operativa de las Fuerzas Armadas.
Precisamente, el decreto firmado por Peña, en su artículo cuarto, comunica al Congreso Nacional el contenido de la disposición adoptada.
Nacionales
Estado se hace presente en San Lázaro, Concepción, con apertura del Centro de Atención al Cliente del CAH
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), habilitó el Centro de Atención al Cliente N° 82, que se constituye en la primera institución financiera del Estado que se instala en el distrito de San Lázaro, departamento de Concepción. Fue inaugurada por la presidenta de la institución, Amanda León, quien destacó que este acto representa la presencia del Estado, la inclusión financiera y la confianza en el desarrollo del Paraguay profundo, especialmente en la región norte del país, históricamente rezagada y postergada en las políticas públicas.
Expresó que a través del Crédito Agrícola de Habilitación, el Gobierno de Paraguay, liderado por el presidente Santiago Peña, comienza a dejar atrás esa realidad con la instalación de la primera institución financiera en el distrito de San Lázaro.
Remarcó que esta apertura responde a la necesidad de acercar los servicios públicos y financieros a la gente, especialmente a quienes producen y emprenden.
San Lázaro es un distrito de trabajo, producción y esfuerzo constante y durante años, muchas familias y productores debieron trasladarse largas distancias para acceder a servicios financieros básicos. Hoy, por primera vez, una institución se instala en la ciudad, cumpliendo el mandato de un Estado más cercano, eficiente y humano, puntualizó.
Asimismo, agradeció la labor de la intendenta municipal que persistió sin claudicar en su convicción de que la presencia de la institución era necesaria, de modo a facilitar el acceso al Crédito a todos los hijos de esta tierra, que día a día se esfuerzan por engrandecer nuestro querido Paraguay, acotó.
Acceso al crédito y desarrollo productivo
La presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación, Amanda León, indicó que el nuevo Centro de Atención al Cliente de San Lázaro, orientará y brindará soluciones concretas, alineadas con la política pública de desarrollo productivo, formalización y acceso al crédito responsable impulsada por el Gobierno del Paraguay. La institución cuenta actualmente con una cartera de 180 clientes.
Sostuvo que nada sería posible sin el trabajo articulado entre las instituciones del Estado, las autoridades locales y departamentales, y el equipo humano que estará al frente del Centro de Atención. Cuando la gestión pública es técnica, cercana y transparente, la confianza se construye y el desarrollo se vuelve posible, expresó en parte de su mensaje.
La titular del Crédito Agrícola de Habilitación, Amanda León, estuvo acompañada de los consejeros Carmelo Fretes, María del Carmen Meza y Evelyn Segovia, junto al gerente general del CAH, Mario Román.
Nacionales
Gobierno incorpora a más de 6.200 nuevos beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores
El Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio de Desarrollo Social, anunció la incorporación al programa de pensión alimentaria para Adultos Mayores, incluyendo a un total 6.214 personas que ya han cumplido 70 años de edad.
Los nuevos beneficiarios incluidos ya podrán cobrar la pensión, equivalente al 25% del salario mínimo, desde este martes 24 en las ventanillas del Banco Nacional de Fomento.
«Desde el Gobierno del Paraguay, por instrucciones del presidente Santiago Peña, en los próximos días seguiremos anunciando nuevas inclusiones de una parte de importante de aquellos que han cumplido 69 años», anunció el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas.
Afirmó que el objetivo del Gobierno es llegar a todos los adultos mayores con el beneficio de este programa, sin distinción ni discriminación, mediante la inscripción automática, sin necesidad de ningún tipo de gestor o intermediario.
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