Nacionales
Abogado de Santiago Peña advierte inconsistencias y rechaza acusaciones
Abogado de Santiago Peña advierte inconsistencias y rechaza acusacione
El abogado Ricardo Preda, representante legal del presidente Santiago Peña, brindó una conferencia de prensa en la que cuestionó la validez de la denuncia penal presentada por legisladores de la oposición. Sostuvo que las afirmaciones carecen de sustento jurídico, se basan en suposiciones y no reúnen los elementos necesarios para abrir un proceso penal.
“De la lectura de la denuncia advierto que tiene inconsistencias”, afirmó, explicando que el punto referido al incremento patrimonial corresponde a un periodo en el que el jefe de Estado no ejercía función pública. Enfatizó que el crecimiento de patrimonio en la actividad privada no tiene relevancia penal y que la sola conjunción de hechos aislados no permite inferir delito alguno.
Argumentos sobre los principales puntos de la denuncia
La denuncia presentada por la oposición incluye acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, abuso de poder y manejo irregular de recursos públicos. Preda abordó cada una de ellas, remarcando que se trata de conjeturas sin evidencia concreta.
Sobre la supuesta vinculación con lavado de dinero, explicó que el mandatario tuvo una participación minoritaria —inferior al 2 %— en una sociedad que, en 2020, adquirió otra empresa. Años más tarde, en 2024, un directivo de esa firma fue imputado por lavado de activos, pero por hechos posteriores y desvinculados totalmente al mismo.
“No tiene lógica sostener que una inversión minoritaria lo convierte automáticamente en partícipe de un hecho ajeno a él y posterior”, subrayó, aclarando además que nunca existió un negocio directo entre el Presidente y la persona imputada.
Respecto al tráfico de influencias, indicó que el Presidente tuvo acciones en Ueno Holding, que integra el Grupo Vázquez, pero ya no las posee. Recalcó que, aun cuando algunas de sus empresas hayan participado en licitaciones, en ninguna parte de la denuncia se menciona irregularidad alguna ni intervención de Peña. “Se habla de supuestas influencias, pero no se aporta un solo hecho concreto”, dijo.
En cuanto al vehículo Land Cruiser mencionado, el abogado fue categórico: la información es falsa. Recordó que en diciembre de 2022, momento al que hace referencia la denuncia, el Presidente Peña no era candidato electo y la empresa señalada no figuraba como proveedora del Estado. También explicó que las adjudicaciones en Itaipú Binacional no dependen del Presidente, sino de un consejo binacional con representantes de Paraguay y Brasil.
Bienes, propiedades y supuestos sobres con dinero
El abogado también respondió a las menciones sobre bienes atribuidos al mandatario y a la Primera Dama. Aclaró que esta última no es funcionaria pública, por lo que no está obligada a presentar declaración de bienes. Subrayó que gran parte del patrimonio del Presidente se conformó antes de llegar a la función pública.
Sobre la casa en San Bernardino, específicamente mencionada en la denuncia, explicó que la misma fue construida con un crédito bancario respaldado por rescate de acciones de una inversión. “Es un procedimiento financiero absolutamente regular”, enfatizó.
Consultado sobre la emisión de facturas a nombre de terceros, aclaró que la normativa permite que el comprador elija a nombre de quién se realice la factura, lo cual no representa irregularidad alguna.
Preda también se refirió a los audios divulgados por una exfuncionaria de confianza, en los que se habla de sobres con dinero. En ese sentido, indicó que esa persona fue apartada por pérdida de confianza, que el manejo en efectivo no constituye delito por sí mismo y que la supuesta desaparición de un sobre “no es cierta”. “Tener dinero en efectivo no significa que se trate de coima”, aclaró, y añadió que para formular denuncias se requiere certeza de hechos, no afirmaciones inconsistentes.
Estado de derecho y sometimiento a investigación
En la parte final de su exposición, Preda hizo hincapié en los principios constitucionales que rigen en el país. Cuestionó las afirmaciones del abogado patrocinante de la denuncia, quien sugirió que en el caso de funcionarios públicos la carga de la prueba se invierte. “Eso no es así. La Constitución no cambió. No existe tal inversión de la carga de la prueba”, afirmó.
Advirtió que en un Estado de derecho no pueden abrirse investigaciones penales sobre la base de suposiciones, ya que eso convertiría al sistema en un mecanismo de persecución. “Si fuera así, cualquiera podría denunciar a alguien solo porque no le cae bien, alegando que tiene dinero y debe ser investigado. Eso es un camino muy peligroso”, advirtió.
Finalmente, garantizó la disposición del Presidente a someterse a cualquier investigación que el Ministerio Público considere pertinente: “Se someterá a la investigación que se abra y presentará los documentos que den trazabilidad de sus ingresos”. Sin embargo, aclaró que dichos documentos se entregarán en el marco de un proceso formal y no como respuesta a rumores o versiones sin sustento.
“El Presidente no está procesado penalmente, ni siquiera imputado. Una denuncia en sí misma no equivale a procesamiento. Será la Fiscalía la que determine si corresponde abrir una investigación y, en ese caso, el equipo jurídico actuará en ese marco”, puntualizó.
Nacionales
Despliegue militar en la región Oriental: lo que indica el decreto firmado por Peña y la Ley de Defensa Nacional
El Presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 5554, el cual dispone el despliegue de elementos de combate de las Fuerzas Armadas para operaciones de defensa interna en la Región Oriental del país.
El documento dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en Operaciones de Defensa Interna en el ambito territorial definido de la Region Oriental, incluyendo los rios nacionales, fronterizos e internos.
Así también ordena que todos los Organismos y Entidades del Estado de los departamentos de la Region Oriental, dependientes del Poder Ejecutivo, apoyen sin restricciones y colaboren con cl Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).
El decreto argumenta que, segun informes relevantes de inteligencia, asi como hechos que son de conocimiento de los organismos de seguridad, se ha constatado la presencia de miembros de agrupaciones ilegales en diversas zonas y departamentos de la Region Oriental, vinculadas al crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos.
Estas agrupaciones ilegales estarían aprovechando precisamente de que en determinadas zonas de la Region Oriental actualmente no existe la presencia de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policia Nacional, para de esta manera hacer incursiones en las mismas o efectuar sus operaciones ilegales en dichas zonas, advierte el decreto.
Decreto se sustenta en la Ley de Defensa Nacional
El objetivo de esta medida es garantizar la seguridad interna, prevenir la actuacion de grupos vinculados al crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos, dentro del marco legal establecido en la Ley N° 1337/1999, “De Defensa Nacional y Seguridad Interna” y su modificación por Ley N° 5036/2013.
En su artículo 56, esta ley autoriza al presidente de la República a decidir el empleo transitorio de elementos de combate de las Furezas Armadas de la Nación, «frente a situaciones de extrema gravedad en que el sistema de seguridad interna resulte manifiestamente insuficiente».
La referida ley indica que en estas circunstancias, el presidente de la República tendrá la conducción de todas las fuerzas militares y policiales afectadas, y podrá designar un comandante de las operaciones de esas fuerzas, en cuyo caso estas le quedarán subordinadas exclusivamente en el ámbito territorial y por el tiempo definido en el decreto respectivo.
Así también, la ley señala que dentro de las 48 horas el Presidente de la República dará cuenta al Congreso Nacional de su decisión de emplear transitoriamente elementos decombate de las Fuerzas Armadas de la Nación, con adjunción de copia autenticada del decreto respectivo, pudiendo el Congreso decidir la cesación de ésa intervención operativa de las Fuerzas Armadas.
Precisamente, el decreto firmado por Peña, en su artículo cuarto, comunica al Congreso Nacional el contenido de la disposición adoptada.
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Estado se hace presente en San Lázaro, Concepción, con apertura del Centro de Atención al Cliente del CAH
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), habilitó el Centro de Atención al Cliente N° 82, que se constituye en la primera institución financiera del Estado que se instala en el distrito de San Lázaro, departamento de Concepción. Fue inaugurada por la presidenta de la institución, Amanda León, quien destacó que este acto representa la presencia del Estado, la inclusión financiera y la confianza en el desarrollo del Paraguay profundo, especialmente en la región norte del país, históricamente rezagada y postergada en las políticas públicas.
Expresó que a través del Crédito Agrícola de Habilitación, el Gobierno de Paraguay, liderado por el presidente Santiago Peña, comienza a dejar atrás esa realidad con la instalación de la primera institución financiera en el distrito de San Lázaro.
Remarcó que esta apertura responde a la necesidad de acercar los servicios públicos y financieros a la gente, especialmente a quienes producen y emprenden.
San Lázaro es un distrito de trabajo, producción y esfuerzo constante y durante años, muchas familias y productores debieron trasladarse largas distancias para acceder a servicios financieros básicos. Hoy, por primera vez, una institución se instala en la ciudad, cumpliendo el mandato de un Estado más cercano, eficiente y humano, puntualizó.
Asimismo, agradeció la labor de la intendenta municipal que persistió sin claudicar en su convicción de que la presencia de la institución era necesaria, de modo a facilitar el acceso al Crédito a todos los hijos de esta tierra, que día a día se esfuerzan por engrandecer nuestro querido Paraguay, acotó.
Acceso al crédito y desarrollo productivo
La presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación, Amanda León, indicó que el nuevo Centro de Atención al Cliente de San Lázaro, orientará y brindará soluciones concretas, alineadas con la política pública de desarrollo productivo, formalización y acceso al crédito responsable impulsada por el Gobierno del Paraguay. La institución cuenta actualmente con una cartera de 180 clientes.
Sostuvo que nada sería posible sin el trabajo articulado entre las instituciones del Estado, las autoridades locales y departamentales, y el equipo humano que estará al frente del Centro de Atención. Cuando la gestión pública es técnica, cercana y transparente, la confianza se construye y el desarrollo se vuelve posible, expresó en parte de su mensaje.
La titular del Crédito Agrícola de Habilitación, Amanda León, estuvo acompañada de los consejeros Carmelo Fretes, María del Carmen Meza y Evelyn Segovia, junto al gerente general del CAH, Mario Román.
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Gobierno incorpora a más de 6.200 nuevos beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores
El Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio de Desarrollo Social, anunció la incorporación al programa de pensión alimentaria para Adultos Mayores, incluyendo a un total 6.214 personas que ya han cumplido 70 años de edad.
Los nuevos beneficiarios incluidos ya podrán cobrar la pensión, equivalente al 25% del salario mínimo, desde este martes 24 en las ventanillas del Banco Nacional de Fomento.
«Desde el Gobierno del Paraguay, por instrucciones del presidente Santiago Peña, en los próximos días seguiremos anunciando nuevas inclusiones de una parte de importante de aquellos que han cumplido 69 años», anunció el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas.
Afirmó que el objetivo del Gobierno es llegar a todos los adultos mayores con el beneficio de este programa, sin distinción ni discriminación, mediante la inscripción automática, sin necesidad de ningún tipo de gestor o intermediario.
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