En esta entrevista el abogado Abel Areco habla sobre el funcionamiento del Estado para responder a los derechos campesinos y el poder terrateniente en Paraguay.

POR: Jorge González S. para Base Investigaciones Sociales

FOTO: Secretaría del Ambiente

 A instancias de la empresa agro-ganadera Campos Morombí, el Estado paraguayo desplegó 1.500 policías de distintas especialidades, helicópteros, vehículos blindados, colectivos y patrulleras para realizar un desalojo.

Campos Morombí denunció días pasados que en 90 días, campesinos sin tierra deforestaron 600 hectáreas de su predio y la policía -en un arranque de ecologismo- acudió para salvarla.

Hoy la prensa empresarial mostraba titulares que trasmitían el re-establecimiento de la ley y el respeto de la propiedad privada.

La empresa tiene 50 mil hectáreas en el departamento de Curuguaty, a 300 kilómetros al Nordeste de Asunción, donde explota la ganadería y el cultivo de soja, y destina 5 mil hectáreas para reserva forestal, por lo que fue beneficiada por el Estado paraguayo como reserva privada.

Abel Areco, abogado e investigador de los antecedentes del conflicto de la tierra en Paraguay, analiza esta problemática y la compara con lo que está pasando en el Chaco paraguayo. Repasa los antecedentes de la tierra de Campos Morombí y su responsabilidad en la masacre de Marina Kue, ocurrida en 2012 y donde murieron 17 personas.

“En el Chaco paraguayo se deforestan 800 hectáreas por día, en 90 días sumarían 72 mil hectáreas. Pero ahí no vemos el despliegue policial del Estado para frenar esta deforestación”, dispara.

Explica que la masacre de Curguaty fue originada también por una denuncia de Campos Morombí de que campesinos sin tierra estaban deforestando su reserva. Con esto logró una orden de desalojo amañada, que terminó en una sangría, la deposición inconstitucional de un presidente y en una parodia de juicio que sigue actualmente.

Reproducimos la entrevista de manera extensa, por la cantidad de informaciones:

Campos Morombí no puede desarrollar sus intenciones ecologistas porque campesinos sin tierra le impiden…

No es reciente el utilizar como escudo el conservacionismo, porque es una cuestión sensible para la sociedad. Creo que es una estrategia de los grandes latifundistas para poder utilizar la estructura del Estado a favor de sus intereses y con eso seguir blindando situaciones irregulares con relación a la titularidad de sus tierras.

Un ejemplo es lo de Campos Morombí. Lo que originó la masacre de 2012 se había iniciado de una denuncia amañada de la empresa, alegando que en ese momento se estaba ocupando su reserva Morombí, siendo que las tierras ocupadas eran tierras donadas al Estado paraguayo, que son las tierras de Marina Kue.

Entonces esto también utiliza como mecanismo de engañar o tratar de encajar para que el sistema judicial se agarre de eso para realizar las intervenciones.

Háblanos de la reserva Morombí…

Según la empresa Campos Morombi Sociedad Anónima y Comercial Agropecuaria ellos tienen declaradas como reserva privada unas 5 mil hectáreas de bosque dentro de la 50 mil que tiene la empresa en el lugar.

Así hacen muchas empresas y propietarios con grandes extensiones de tierras, porque la declaración como reserva por el Estado paraguayo blinda estas propiedades. El Estatuto Agrario establece que las reservas no están sujetas a expropiación para convertirse en tierras de la reforma agraria.

Muchas veces estas supuestas reservas no reúnen siquiera las condiciones exigidas por las leyes para que sean reservas, como por ejemplo contar con un Plan de Manejo y contar con guardaparques, justamente para proteger la reserva.

Lo que se evidencia es que Campos Morombí pidió declarar reserva y ni siquiera tiene la capacidad de controlarla. Al manifestar su intención de contar con una reserva privada debería haberla garantizado contratando estos recursos, para que no suceda lo que ahora vemos. En estos momentos es el Estado otra vez quien tiene que ir a salvaguardar esta reserva privada.

¿Cómo se hizo con esas tierras de Campos Morombí la familia Riquelme?

Creo que toda la ciudadanía conoce cómo se hizo con esa cantidad de tierras, luego de lo sucedido en 2012, luego de la masacre, porque a partir de ahí se hicieron públicas varias investigaciones. Se descubrió un montón de irregularidades sobre el origen de esas tierras.

Evidentemente Blas N. Riquelme, un político del Partido Colorado, en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner utilizó sus influencias y logró adjudicarse esa extensión de tierra, que ahora está protegiendo el Estado paraguayo.

A pesar de todas las irregularidades que salieron a la luz sobre la forma en que se adjudicaron esa tierra, al Estado paraguayo no le interesa investigar y sancionar esas irregularidades de acuerdo a lo que corresponde al derecho, sino que más bien sigue protegiendo como si fuera una propiedad que se originó legalmente.

Tampoco controla si se están cumpliendo los requisitos con que se comprometieron para ser una reserva, sino más bien le brinda protección, eso entendemos cuando vemos una intervención de esta envergadura.

Vemos repetirse la historia de Marina Kue, los Riquelme -propietarios irregulares- movilizando a todo un Estado ¿No aprendimos nada de la masacre de Marina Kue?

Es llamativa la actuación del Estado paraguayo y el aparatoso despliegue, supuestamente para desalojar a 300 campesinos sin tierra. La última intervención policial de gran envergadura terminó con la masacre.

Este operativo de ayer fue el triple de grande. 1500 policías contra 300 campesinos, eso es desproporcional. No sabemos qué es lo que está queriendo demostrar el Estado paraguayo con estas actuaciones, a lo mejor quiere mostrar la reacción que va a tener este gobierno contra la ocupación de tierras o contra el “atentado a la propiedad privada”.

¿El despliegue policial buscaría intervenir en los demás conflictos de la zona, Marina Kue y Joaju Primero de Marzo? ¿Es una respuesta estatal a organizaciones campesinas que anunciaron ocupaciones masivas para este año?

Guarda relación directa. Canindeyú es un departamento donde se desarrollan más luchas y se refleja que hay más necesidad de tierra para las familias campesinas, y hay más ocupaciones de tierra.

Y Campos Morombí es uno de los latifundios más grandes de la zona y con antecedentes de origen irregular, como así también otras tierras de empresas ganaderas y agrícolas lindantes.

El criterio de las organizaciones campesinas para hacer ocupaciones descansa sobre aquellas tierras con orígenes irregulares, porque consideran que son más accesibles para ganarse como asentamientos.

¿Las asociaciones u organizaciones sin tierra agotaron instancias institucionales del Estado u ocuparon directamente?

Esa es la parte que no se difunde, en la mayoría de los casos las organizaciones campesinas sin tierra recurren por la vía que establece el Estado para reclamar su derecho a la tierra. La mayoría de las comisiones vecinales que están en ocupación tienen trámite abierto y pendiente ante el Instituto de la Tierra (INDERT). Y al no tener respuesta recurren como última medida a la ocupación.

Lo que se puede deducir es que el Estado paraguayo no da respuesta a las necesidades de la gente y los canales que se tienen para reivindicar sus derechos a la tierra no funcionan, son un engaño.

La reivindicación campesina por la tierra de Marina Kue se inició ya en 2005 y en el 2012 todavía el Estado no daba respuesta, y por eso se derivó en una masacre. Hay varios otros pedidos que se iniciaron en los 90′s y hasta ahora el Indert no dio una respuesta.

¿Conocés alguna experiencia que logró tierras por vías institucionales?

Yo no conozco ningún proceso que se haya iniciado y terminado bien por los canales correspondientes. Lo que percibo por las gestiones que hago ante el Indert es que en Paraguay hubo ocupaciones masivas tras la salida de la dictadura de Alfredo Stroessner(1989). La gente se venía preparando y al caer la dictadura hubo ocupaciones. Y muchos de los supuestos propietarios, por temor, abandonaron el país.

Esas ocupaciones se convirtieron en ocupaciones de hecho, no se regularizaron pero se convirtieron en pujantes comunidades. Y algunas comunidades hasta ahora no tienen salida legal.

Lo que el Indert hace es tratar de regularizar estas ocupaciones. Otras situaciones se resolvieron a través de la compra de tierras por parte del Indert, pero después de ocupaciones nuevamente.

Para los grupos que no tienen tierra el Indert no tiene respuesta ni tampoco tiene una política de comprar tierras y distribuir. Sólo los que están en ocupación y que llegan a reclamar regularización son los que reciben una atención precaria del Estado.

No se le ve al Estado paraguayo recuperar tierras adjudicadas irregularmente en el pasado, el ejemplo más concreto es Marina Kue…

Al momento de crearse la Comisión de Verdad y Justicia, para revisar los crímenes de la dictadura de Alfredo Stroessner, la comisión hizo un estudio de adjudicaciones irregulares de tierra. Sacó un informe y una serie de recomendaciones para que el Estado las recupere. Recomendó que sea la Procuraduría General de la República la encargada de gestionar judicialmente estas recuperaciones, en las que también tiene responsabilidad el Poder Judicial como parte del Estado paraguayo.

¿Cuántas hectáreas irregulares se recuperaron?

La historia es muy negativa, la Procuraduría promovió 35 juicios de nulidad de títulos y ganó en un caso, que es la mansión de Alfredo Stroessner, que obstruía una calle. Pero lo relacionado a tierras rurales de grandes extensiones no se ganó nada. Todo perdió el Estado paraguayo y para colmo tuvo que pagar la cuenta de los juicios.

La postura del gobierno actual ahora es desistir de todas estas demandas, porque solo genera gastos para el Estado.

Perdió siempre porque el Poder Judicial le beneficia a los latifundistas y no al Estado. Hay una serie de argumentos que suelen presentarse en estos juicios y el Poder Judicial se allana: que la Procuraduría no tiene legitimación activa, que las acciones ya prescribieron porque hace mucho se hicieron esas adjudicaciones, que el Indert es autónomo y es quien tiene que litigar y no la Procuraduría, y que el IBR/Indert no puede reivindicar la recuperación siendo que el propio IBR (anterior al Indert) fue parte de las adjudicaciones. Y así bloquean cualquier acción del Estado.

Con las tierras de Marina Kue hay un proceso judicial abierto donde entraron la Procuraduría y el INDERT, ¿por qué no se destraba ese proceso hasta hoy?

Es muy confuso entender este Estado de derecho que tenemos. Al momento de la masacre, 2012, ya había reivindicaciones judiciales por parte del propio Estado paraguayo, sosteniendo que las tierras de Marina Kue eran del Estado. Es decir, el Estado y Campos Morombí estaban disputando en instancias judiciales la titularidad de esas tierras.

Con todo eso la empresa logró, como decíamos, a través de una denuncia amañada la intervención de otra parte del Estado, y no una intervención cualquiera, sino que por primera vez se llevó una dotación policial de esa envergadura, alegando que se estaba invadiendo la reserva Morombí y que se estaba traficando rollo. Es la estrategia que utilizan para lograr que el Estado intervenga.

No estaban resueltos judicialmente estos procesos y se dio la masacre. Pero a pesar de la masacre y el fallecimiento de 17 compatriotas el Poder Judicial no dio una salida definitiva al litigio.

La Corte Suprema de Justicia, en noviembre de 2014, le dio legitimación activa al Indert para reclamar esas tierras y de esa manera limpió el camino para proseguir el juicio principal de nulidad, que estaba suspendido en primera instancia por acciones de la empresa.

Pero después el Congreso resolvió sobre la cuestión, al aceptar la “donación” de esas tierras por parte de la empresa Campos Morombí, y el Congreso las declaró como reserva científica a perpetuidad.

Entonces, en este estado de cosas ya no sabemos quién tiene que resolver sobre los litigios, es el Congreso o el Poder Judicial.

El Estado, de reivindicar que esas tierras son irregulares y son suyas, pasa a recibirlas como donación de parte de la empresa.

Incluso después saltó que se cometió otro error que complica el escenario, pues el propio Congreso , en el afán de blanquear a la empresa y dar una mano al Poder Judicial en su trabajo sucio, se declaró otra finca como reserva y no la que es Marina Kue, afectando a otra empresa privada.

Es un laberinto jurídico…

El propio Estado paraguayo violenta el Estado de derecho y después el mismo intenta blanquear las violaciones.

¿Qué le queda al campesinado y otros sectores víctimas de este proceder?

Lastimosamente no queda otra que la acción directa. Si los canales que te pone el Estado para reclamar tú derecho a la tierra no funcionan, si no soluciona los conflictos y la necesidad de tierra que hay, ¿qué es lo que te queda?

La experiencia demuestra que la única manera de acceso a la tierra que ha tenido el campesinado, en la mayoría de los casos, fue a través de ocupaciones.

Lo que me preocupa es lo que se quiere posicionar mediáticamente. En el Chaco se están deforestando 800 hectáreas por día; en Morombí se deforestaron 600 hectáreas en 90 días. En Morombí supuestamente la deforestación hicieron campesinos sin tierra o traficantes de rollo; en el Chaco quiénes son los que deforestan, no son campesinos sintierra: son empresarios, y no son criminales de acuerdo a las autoridades estatales y la prensa. ¿Los que deforestan 800 hectáreas por día no son delincuentes, pero los que deforestan en Morombí sí son criminales? ¿Por qué no se considera criminales a estos sectores empresarios?

Acá se quiere vincular las acciones de campesinos sin tierras con delitos, mientras tanto en el Chaco están tumbando todos los bosques, pero esos no son delincuentes, son productores y los que nos traen el “desarrollo”.