Mayo 2015– Sin ocuparnos aquí de los aspectos jurídicos de las modificaciones a la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, pasamos a enumerar algunas de las implicancias sociales y políticas de la militarización.
·Se produce un retroceso a la Doctrina de Seguridad Nacional, esencialmente antidemocrática, aplicada desde la década del 50 a lo largo del Continente para establecer y mantener gobiernos dictatoriales.
·La utilización de las Fuerzas Armadas desnuda el vacío de los gobiernos democráticos en cuanto a la gestión de la seguridad democrática y justicia social.
·Se militariza el poder político, reduciendo el rol de las FFAA a instituciones colaboracionistas de un determinado gobierno.
·Se abandona una estrategia democrática institucional por la aplicación de una lógica de guerra, en donde se busca el orden a través de la eliminación del conflicto o sujetos que signifiquen amenazas al orden.
·Se exacerba la función militar, la transmisión ideológica y de pensamiento autoritario (mentalidades antidemocráticas), relegando la participación ciudadana en el espacio de la política nacional y la cuestión de la seguridad.
·Se suplantan políticas sociales por el aumento de la judicialización y criminalización de los conflictos sociales, priorizando el gasto armamentista.
·Se transita rápidamente de un Estado social de derecho hacia un Estado punitivo y represivo, que se traduce en mayor represión, uso de la fuerza, aumento de penas, colapso del sistema carcelario y abuso de autoridad.
·Existe el riesgo de profundizar una “guerra irregular”, expandir el terror desde el mismo Estado al utilizar la fuerza letal contra poblaciones campesinas de manera impune.