En sus primeros dos años de gestión, el Presidente Santiago Peña lideró acciones concretas que marcaron avances sin precedentes en seguridad, salud, economía, programas sociales e infraestructura, con beneficios tangibles para millones de paraguayos. Fue un periodo caracterizado por la ejecución de políticas públicas que se transformaron en obras, servicios y programas que mejoraron de manera directa la calidad de vida de la población.

El Gobierno del Paraguay fijó como prioridad reducir el costo de la canasta básica para que el salario rinda más y las familias vivan mejor. La hoja de ruta incluyó medidas para generar más y mejores empleos, con salarios dignos y oportunidades reales de crecimiento. También se estableció el objetivo de modernizar el transporte público, haciéndolo más seguro, accesible y eficiente. Este es uno de los desafíos más ambiciosos de la administración, asumido con la decisión de cambiar y optimizar un sistema que ningún otro gobierno había afrontado plenamente.

La estrategia de desarrollo se apoyó en cuatro ejes centrales: el fortalecimiento del sistema de salud con atención de calidad; la inversión en una educación pública de excelencia; la implementación de políticas integrales contra el hambre; y el impulso de una economía que crezca para todos. La meta para los próximos tres años es clara: seguir transformando el país para que el bienestar de la mayoría sea la verdadera medida del progreso.

Justicia social y reducción de la pobreza

En apenas un año, la pobreza se redujo del 22,3% al 20,1%, lo que permitió que 118.000 personas dejaran atrás esa condición. La pobreza extrema también disminuyó, pasando del 4,7% al 4,1%, beneficiando a 30.000 personas.

El programa Hambre Cero expandió su cobertura de forma histórica, alcanzando a más de un millón de niños en 7.000 escuelas de los 263 distritos, pasando de cubrir el 5% a la totalidad de los grados hasta el noveno. En poco más de un año, se distribuyeron más de 250 millones de raciones, generando más de 20.000 empleos directos y dinamizando la participación de MIPYMES y productores de la agricultura familiar.

La pensión universal para adultos mayores llegó a 340.000 beneficiarios, 40.000 más que en 2023, con un nuevo sistema de cobro directo con cédula de identidad que eliminó los censos discriminatorios. Paralelamente, el programa Tekoporã Mbarete asistió a 200.000 familias —570.000 personas— con un aumento del 25% en las transferencias, el primero desde 2016.

En atención a la primera infancia, se iniciaron las obras de 100 centros integrales, con 20 en construcción y 30 en proceso de licitación.

Reforma agraria y vivienda

En el desarrollo territorial, el avance en materia de tierras estableció un récord al concretar la entrega de 10.140 títulos de propiedad en dos años, cifra muy superior a los poco más de 6.000 títulos del periodo anterior. Este logro significó seguridad jurídica y un valor de mercado superior a USD 700 millones, incorporando a miles de familias al pleno ejercicio de sus derechos patrimoniales. Entre los beneficiarios se encuentran comunidades de colonias emblemáticas como Barbero y Marina Cué, cuya formalización era una deuda del Estado desde hacía décadas.

En vivienda, se gestionaron 38.739 soluciones, de las cuales 23.129 ya fueron entregadas, mejorando de manera directa la calidad de vida de decenas de miles de hogares. El programa Che Róga Porã se consolidó como una política innovadora para la clase media trabajadora, con 1.591 créditos aprobados por un total de USD 52 millones. Este esquema ofrece viviendas a precio de alquiler, con plazos flexibles y tasas preferenciales, facilitando el acceso a un hogar propio en condiciones antes inalcanzables para gran parte de la población.

Salud: hospitales, equipamiento y atención de calidad

El sistema sanitario se fortaleció con la incorporación de dos grandes centros de referencia: el Hospital General de Coronel Oviedo y el Hospital General de Itapúa, ambos con infraestructura moderna, equipamiento de alto nivel y capacidad para atender a miles de pacientes al año, convirtiéndose en hitos de la red hospitalaria nacional.

En paralelo, se impulsó la construcción de siete hospitales estratégicos en Canindeyú, Santaní, Chaco, Concepción, Asunción, Itauguá y Ciudad del Este, que sumarán más de mil camas y contarán con unidades de terapia intensiva, quirófanos de última generación, consultorios especializados y tecnología hospitalaria de punta. Estas obras, una vez concluidas, ampliarán la cobertura y reducirán significativamente los traslados de pacientes hacia la capital.

En el mismo periodo, se rehabilitaron 94 camas de terapia intensiva —adultos, pediátricas y neonatales—, se incorporaron 32 mamógrafos digitales y el Sistema de Información Hospitalaria se expandió de 219 a 1.068 establecimientos. La red de ambulancias también se reforzó con 206 nuevas unidades, de las cuales 72 ya están en servicio.

La compra de medicamentos e insumos se triplicó en volumen y alcanzó precios hasta cuatro veces más bajos, optimizando los recursos públicos. La inversión total en infraestructura y equipamiento hospitalario superó los USD 600 millones, consolidando una de las mayores apuestas en salud pública en la historia del país.

Educación para el desarrollo

La política educativa priorizó el acceso a oportunidades de formación y la mejora de la infraestructura escolar. Más de 12.000 estudiantes recibieron becas del Gobierno del Paraguay para formarse en universidades nacionales e internacionales, potenciando la formación de capital humano de excelencia.

Se adquirieron 328.000 pupitres, con un 95% ya entregado, mejorando las condiciones en las aulas de todo el país. Además, se inició la construcción de la nueva sede de la Universidad Politécnica Taiwán–Paraguay, que será un centro de referencia para la formación tecnológica vinculada al sector productivo y las industrias del futuro.

Seguridad y lucha contra el crimen organizado

La política de seguridad incluyó operaciones de gran alcance que permitieron el control total de las cárceles mediante los operativos Veneratio y Umbral, junto con acciones clave como Dakovo, Joapy y Dulzura, que reforzaron la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado. Las pérdidas ocasionadas a estas estructuras criminales alcanzaron los USD 379 millones.

El fortalecimiento de las fuerzas del orden continuó con la incorporación de 5.000 nuevos agentes policiales en 2024, con otros 5.000 previstos para 2025. Además, se adquirieron 6 aviones Super Tucano y radares para vigilancia aérea, junto con 557 patrulleras y 1.000 motocicletas, aumentando la cobertura y capacidad operativa en todo el país.